Sueldos y bienes de los ediles. Aumenta la morosidad de los ayuntamientos - El PSM y la sanidad privada

Aunque dudo mucho que cunda el ejemplo, el alcalde socialista de Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros, siguiendo la estela de su homólogo de Getafe, Pedro Castro, se ha comprometido a publicar mensualmente su nómina en la página web del Ayuntamiento. La primera de ellas, tal como se puede apreciar en el recuadro inferior, correspondiente al mes de octubre, está ya en internet. Ballesteros ha manifestado que en los próximos días hará pública también su declaración de bienes, porque “es positivo que los ciudadanos conozcan con absoluta transparencia cuál es el sueldo y las propiedades del alcalde antes, durante y después de cada mandato”. Que nadie piense que al burgomaestre de Aranjuez le ha dado algún telele y por eso ha tomado esta decisión, porque ya en 1985 los ediles tenían la obligación de declarar sus bienes, documento que quedaba a buen recaudo, ya que muy pocos podían consultarlo. Posteriormente la Ley de Suelo volvió a recoger esta obligatoriedad, pero la falta de un instrumento jurídico para ejecutarlo lo impidió. Aún así, tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, hicieron un enérgico llamamiento a los ayuntamientos para que cumplieran esta ley. Ahora, la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acaba de crear una comisión para elaborar un Código de Buen Gobierno en el que se recomendará a los alcaldes y concejales a hacer pública su declaración de bienes y actividades, una medida con la que se pretende atajar la corrupción en los consistorios. Me temo que va a correr la misma suerte que sus predecesoras.

Aunque las administraciones locales, salvo algunas excepciones, siempre han sido malas pagadoras, la situación por la que atraviesan las arcas de nuestros municipios está provocando una seria preocupación entre distintos colectivos empresariales y ciudadanos. Según ASENP, patronal de las empresas del sector que operan en más de 3.500 ayuntamientos de nuestro país, algunas de las empresas adjudicatarias de distintos servicios municipales están tardando en cobrar en torno a ocho meses y medio. Estas mismas fuentes aseguran que a primeros de año el plazo medio de impagados no pasaba de los seis meses, lo que pone de relieve el irreversible deterioro de las tesorerías municipales. Las empresas más afectadas, según Francisco Jardón, presidente de ASENP, son aquellas dedicadas a la limpieza viaria, conservación, tratamiento de residuos y limpieza de alcantarillado, de ahí que a medida que crece la morosidad, la calidad de estos servicios se va deteriorando, como ya se puede apreciar en algunos municipios serranos, con el consabido perjuicio para el contribuyente, que está obligado pagar puntualmente sus impuestos.

La precariedad por la que atraviesa la economía de nuestros ayuntamientos está provocando situaciones bastante dramáticas en muchos de sus proveedores, sobre todo en aquellos que carecen de la musculatura financiera necesaria para poder ‘aguantar el tirón’, de ahí que tarde o temprano (la crisis no ha hecho más que empezar) se pueden ver obligados a cerrar sus negocios, con lo que esto puede suponer para el empleo.

Tampoco lo están pasando mejor los grandes proveedores de nuestros consistorios, empresas en su mayoría de ámbito nacional que ven con cierta impotencia cómo mes a mes se incumple la Ley de Contratos del Estado, que tiene establecido un plazo máximo de 60 días para hacer efectivos los cobros. Y como suele ocurrir en estos casos, si uno no cobra, tampoco paga, y ahí es donde aparece la pescadilla que se muerde la cola, es decir ese circulo vicioso de difícil solución, porque cuantas más vueltas se le da más costará salir de él. Y todo esto se debe a la brutal caída de los ingresos por parte de la mayoría de los municipios españoles, sobre todo de aquellos que basaron su supervivencia económica en el sector de la construcción y que ahora, con la burbuja inmobiliaria definitivamente pinchada, andan a la deriva. Y lo peor es que la solución no parece fácil, por lo menos a corto plazo.

El Partido Socialista de Madrid presentó el pasado mes de septiembre alegaciones a los proyectos de explotación de los futuros hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, por su desacuerdo con el proyecto presentado por la Consejería de Sanidad, del que se desprendía que los futuros hospitales y los centros de especialidades de sus áreas de influencia serían explotados por empresas privadas. La noticia, aunque no es nueva, nos ha dejado un tanto descolocados porque no es fácil entender que José Pablo González, alcalde de Collado Villalba y miembro de la Ejecutiva del PSM, apoye en el seno del órgano socialista madrileño una medida que después, como primera autoridad local, desautoriza al ceder terrenos de propiedad municipal para que se construya en este término un hospital de gestión privada. Y lo más curioso del asunto está en que no es la primera vez que esto ocurre, porque González, desoyendo una vez más las directrices de su partido, también cedió gratuitamente terrenos públicos a una universidad privada (UDIMA) para que pudiera instalarse en este municipio. Pero aún hay mas: Pablo González, responsable de Sanidad en el PSM, ha anunciado que los municipios socialistas se van a manifestar contra lo que ellos consideran una “política privatizadora y de negocio”. Si esto ocurre, ¿qué hará el alcalde villalbino? ¿Se irá de vacaciones o volverá a romper la disciplina de partido?. La prueba del algodón le acecha.