Las medias verdades de los políticos. El PGOU de Colmenarejo divide a los vecinos - Constructoras en precario

Las mentiras o las verdades a medias, lamentablemente, las están utilizando cada vez más nuestros políticos. Tanto es así que un conocido comerciante serrano me decía al respecto: “Que los políticos mientan lamentablemente ya no es novedad, ¿pero que va a pasar cuando agoten su capacidad de mentir? Supongo que será entonces cuando no tendrán más remedio que decir la verdad”.

Y esto tiene bastante que ver con la rueda de prensa convocada el pasado lunes por el alcalde de Collado Villalba, José Pablo González Durán, para informar sobre el contencioso que este Ayuntamiento mantiene desde hace años con el Canal de Isabel II. Con su habitual prepotencia y haciendo uso de su conocida retórica, González Durán anunció que “después de muchos años de litigios, el Juzgado número 14 de Madrid ha dictaminado que la red de distribución y alcantarillado de Collado Villalba es de titularidad municipal, al no existir un convenio al respecto con el Canal de Isabel II, por lo que este organismo deberá pagar al Ayuntamiento cerca de 12 millones de euros en concepto de distribución, cuota de red y enganche desde el año 1985”. ¡Aleluya!. Tras escuchar al dirigente villalbino, lo primero que nos vino a la cabeza es que parte del despilfarro generado por la gestión del Ejecutivo socialista en estos últimos años estaba solucionado. Es más, González incluso se atrevió a echarle un órdago a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Si Esperanza Aguirre recurriese la sentencia, solicitaré la ejecución provisional de la misma y sacaré a concurso la gestión del agua en este municipio”. No obstante (generoso él), dejó una puerta abierta al diálogo: “Estoy dispuesto a aceptar un calendario de pagos con el Canal si éste acepta pagar la deuda”.

Ignoro si José Pablo González había leído la sentencia en su totalidad o solamente había sido informado telefónicamente, porque de lo contrario no me explico que sin venir a cuento haya interpretado esta absurda obra teatral. La sentencia, él tiene la obligación de saberlo, condena al Canal de Isabel II a pagar al Ayuntamiento villalbino cerca de 12 millones de euros, pero también sentencia a este Consistorio a abonar al Canal los gastos originados en la gestión de la red de distribución de agua desde el año 1985. Estos gastos, manifestó un portavoz de la empresa pública horas más tarde de conocerse la sentencia a los medios madrileños, “pueden ascender a una cantidad superior a la que el Canal tiene que abonar al ayuntamiento”.

Ojalá me confunda, pero me temo que al final este triunfo apoteósico de José Pablo González, aderezado por esas dosis de soberbia y prepotencia, algo bastante habitual en sus comparecencias públicas, le va a costar el dinero a los contribuyentes villalbinos. Tiempo al tiempo.

Pese a que el Equipo de Gobierno de Colmenarejo formado por APIC, PSOE e IU había incluido en el orden del día de la sesión plenaria celebrada el pasado jueves el punto relativo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, éste finalmente fue retirado ante la presión realizada por los colectivos ciudadanos Salvemos Colmenarejo y La Agrupación, que se opusieron a su debate político, exigiendo que antes de su aprobación inicial el nuevo planeamiento estuviera en exposición pública para que los afectados pudieran realizar las alegaciones que consideren pertinentes.

La mayoría de los vecinos de esta localidad rechazan un crecimiento demográfico de más de 20.000 habitantes - caso de aprobarse el nuevo planeamiento éste municipio pasaría de los 8.600 actuales a 30.000, ya que prevé la construcción de 6.000 viviendas nuevas-, y tampoco parecen dispuestos a aceptar que se destinen 400.000 metros cuadrados a la construcción de un polígono industrial en Tiestas Cabezas, un paraje considerado de gran valor ambiental que linda con el Parque Regional del Guadarrama y el pantano de Valmayor. Tengo la sensación de que al final la Comunidad va a tener que coger las tijeras para hacer algún que otro recorte.

Los efectos de la crisis económica en el sector de la construcción no se han hecho esperar y así, según hemos podido saber, durante el mes de septiembre más de una decena de empresas constructoras vinculadas a la Sierra del Guadarrama bien por su actividad laboral, bien por tener aquí su domicilio social, han presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid expediente de concurso voluntario de acreedores (conocido antiguamente como suspensión de pagos). De ahí que muchas promociones de viviendas estén paradas y otras se estén construyendo a un ritmo bastante lento, pero para evitar alarmismos me gustaría aclararles que el hecho de que estas empresas se encuentren en situación concursal no quiere decir que estén en quiebra o tengan que cerrar, sino que al no poder asumir la totalidad de las deudas contraídas con sus acreedores, intentarán por esta vía llegar a un acuerdo de pago bajo supervisión judicial.