El PP critica el pago de 15.000 euros a un “abogado amigo”

Para el portavoz del grupo popular, Daniel Pérez, este hecho es aún más grave cuando “las minutas pagadas se realizan en concepto de gestiones que pueden hacer empleados del Consistorio, como el letrado, el secretario o el interventor”. El edil del PP pone como ejemplos de estos trabajos la asistencia a una reunión con la alcaldesa y varios concejales o el estudio de sentencias acerca del caso Fuente Elvira, por importe de algo más de 4.000 euros. Todo un “despilfarro”, a juicio de esta formación, máxime “si el Ayuntamiento, como dicen, está en quiebra”. Según el concejal del principal partido de la oposición,el Ejecutivo ha decidido pagar estas nueve facturas con fecha de 27 de diciembre de 2007, por valor de 15.150 euros, el día 5 de febrero. Además, a este abogado tendrá que recibir otros 3.000 euros, añaden desde el PP, por lo que la minuta total ascenderá a 18.000 euros. Sin embargo, continúa el edil, “proveedores y comercios de Galapagar llevan varios meses sin cobrar”.

El PP local ha exigido al cuatripartito “que deje de derrochar el dinero de los galapagueños en cosas que pueden hacer excepcionalmente bien los empleados de nuestro Ayuntamiento”. Además, ha pedido al Ejecutivo presidido por Carmen Toledano que “tenga la misma prisa” en pagar al resto de acreedores aunque “no sean tan cercanos al Equipo de Gobierno”.

Frente a las críticas de los populares, fuentes municipales han indicado que es “normal” que el Ayuntamiento cuente con “asesoramiento jurídico externo”, puesto que hay “casos complicados que requieren dos visiones; además, en algunos asuntos, como Fuente Elvira, el abogado municipal se ha tenido que inhibir”. Desde el Ejecutivo han manifestado igualmente que no comprenden “la alarma del PP, ya que la cuantía a la que hacen referencia no es elevada, sobre todo teniendo en cuenta que sólo en 2006 el PP pagó más de 56.000 euros a un solo abogado y 14.000 a otro, además de 15.500 en asesoramiento jurídico para Alcaldía y la Concejalía de Hacienda”. Igualmente, entre enero y abril de 2007 se destinaron a este concepto 9.000 euros, prosiguen desde el Equipo de Gobierno.

Uno de los aspectos que han supuesto ahora un mayor desembolso en el apartado jurídico (algo más de 3.000 euros) tiene que ver con un estudio acerca del contrato de limpieza con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). En este sentido, fuentes del Ejecutivo aseguran que, dada la cuantía de este asunto, se trata un tema “complicado” que requería la actuación de un letrado externo.