El Ejecutivo de Galapagar investiga las causas del aumento de denuncias y asegura que no se debe a un afán recaudatorio

Así, se está comprobando que, frente a las aproximadamente 270 denuncias que se interponen al mes en el municipio, en las últimas semanas se han acumulado más de 2.000. “Sentimos la alarma que está causando entre los ciudadanos esta actitud”, asegura el concejal de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez, “pero repetimos una vez más que el equipo de Gobierno no ha dado instrucciones para iniciar una campaña específica de vigilancia exhaustiva de las ordenanzas de tráfico y mucho menos con afán recaudatorio como algunos pudieran pensar”.

La constatación de que existe un nexo de unión entre el proceso negociador, el malestar de los funcionarios de la Policía Local y el incremento de las denuncias se produce en la carta abierta del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) al concejal de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez, el pasado 15 de abril, en la que reconoce haber emprendido una huelga de celo en el cumplimiento rígido y estricto de la legalidad. Así, en esta misiva se puede leer “suponemos que entenderá que toda la ley es igual de respetable, por tanto, siguiendo sus enseñanzas, pondremos todo nuestro celo en cumplir y hacer cumplir las leyes, aplicando ciegamente la letra de la misma hasta donde llegue nuestra capacidad”.

Según explica Rodríguez, “durante el mes de diciembre de 2007, el equipo de Gobierno de Galapagar pretendía empezar con la negociación del anexo del acuerdo de funcionarios específico para la Policía Local, así como el acuerdo general de funcionarios. Por parte de los representantes sindicales de la Policía Local recibimos presiones para empezar esta negociación. Cuando ya se habían remitido las notas citándoles para el primer encuentro, dos días antes de esta reunión se pusieron multas en horario nocturno en las calles donde viven los concejales de Recursos Humanos, Seguridad así como la alcaldesa; no queremos con esto decir que haya sido premeditado, pero no deja de ser una coincidencia, ya que en las noches anteriores ni posteriores se formularon denuncias por hechos similares en éstos u otros lugares del municipio.

Las negociaciones continuaron hasta el pasado 2 de abril; en este periodo de tiempo casualmente no se repitieron este tipo de actuaciones. Sin embargo, cuando en la última reunión se tuvieron que suspender las negociaciones cuando ya se había llegado a un acuerdo en todo el texto del anexo, excepto en la tabla salarial, en las siguientes 36 horas se pusieron aproximadamente unas 320 denuncias.

La suspensión de las negociaciones se debió a que previamente el equipo de Gobierno había solicitado el asesoramiento tanto del Secretario como del Interventor municipal para que revisaran los conceptos y cantidades a incluir en la tabla salarial. Su recomendación y advertencia fue que estábamos incurriendo nuevamente en conceptos ilícitos, como ya ocurrió el 31 de agosto de 2006, cuando el anterior Interventor municipal analizó las causas económicas y las disposiciones adicionales y advirtió de que el convenio carecía de cobertura presupuestaria, por lo que el acuerdo sería nulo de pleno derecho. Estos conceptos no se podían modificar si previamente no hay una valoración de puestos de trabajo, algo a lo que los sindicatos mostraron su rechazo”.