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Lo preocupante de la Salud es que comunidades autónomas como Madrid y Valencia se han convertido en claros ejemplos de cómo inmiscuir a la empresa privada en el ámbito de la Sanidad. Mientras otras comunidades como Extremadura o Castilla la Mancha apuestan por una gestión sanitaria desde un punto de vista público, los territorios gobernados por Aguirre y Camps entregan a empresas privadas el derecho a construir hospitales y a gestionarlos posteriormente, según recoge el diario Público. El problema surge cuando estas empresas privadas recurren para llenar sus hospitales a facultativos de centros de gestión pública directa, y cuando la gestión de los hospitales construidos por la empresas privadas supone el encadenamiento del gobierno regional a éstas durante décadas.
Las listas de espera es otro de los aspectos que preocupan especialmente a los ciudadanos. La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió que reduciría los períodos de espera. Y lo consiguió virtualmente porque, en vez de calcular el tiempo de espera de cada ciudadano a partir de que su médico decreta la operación, Aguirre comienza a contar los días desde que el paciente entra en contacto con su anestesista. Esta trampa ha propiciado el que la comunidad de Madrid haya sido expulsada del sistema de cómputo del Ministerio de Sanidad
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